CONVOCATORIA VII COMISIÓN ACADÉMICA NACIONAL, MANE COLOMBIA

jueves, 16 de mayo de 2013

Universidad del Valle - Cali 18 y 19 de mayo de 2013

La presente convocatoria se realiza con base en los resultados de la VI Comisión Académica  realizada en la ciudad de Bogotá el pasado 13 y 14 de abril. Durante la VI Comisión Académica Nacional de la MANE en la Universidad Nacional Sede Bogotá, se logró avanzar significativamente en los temas de financiación, sistema de educación superior, autonomía y calidad educativa, además se presentaron informes de distintos espacios locales y regionales evidenciando el avance en la socialización y la discusión en torno a la construcción de ley alternativa de educación superior,  además se tomaron decisiones sobre el cronograma de los escenarios nacionales de avances programáticos de la MANE.

Analizando éstos elementos y considerando la necesidad de fortalecer la propuesta de la MANE y sumar sectores a éste proceso, se definió convocar a la VII sesión de la Comisión Académica Nacional, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo en la ciudad de Cali, en las instalaciones de la Universidad del Valle. Teniendo como objetivo avanzar en el proceso de construcción programática, con base eb los avances presentados en las anteriores comisiones académicas nacionales para preparar la propuesta que será siscutida en la MANE aprobatoria de ley.

La Comisión Académica se desarrollará de forma paralela con la Comisión de Comunicaciones y de derechos humanos, quienes evaluarán estrategias de difusión y socialización de la propuesta de la MANE. Para todo ello la base principal son los espacios locales y regionales, desde donde se organizarán eventos de socialización y avance programático de la ley junto con los sectores sociales, étnicos, populares y democráticos.

Finalmente se hace el llamado a trabajar para la realización de la VII Sesión de la CAN desde las distintas Instituciones educativas, espacios y procesos locales, apropiando los debates centrales para el momento actual, construyendo propuestas al respecto, que puestas en diálogo y al calor del debate, logren producir una base política de acuerdos nacionales sobre el contenido de la ley de educación superior.

¡TUMBAMOS LA REFORMA LA LUCHA NO TERMINA, ESTAMOS CONSTRUYENDO LA LEY ALTERNATIVA!

¡POR UNA NUEVA EDUCACIÓN PARA UN PAÍS CON SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y PAZ!

Comisión Académica y de Sistematización Nacional - MANE Colombia

Equipo Dinamizador

Comisión Académica y de Sistematización Nacional - MANE

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La MANE respalda la lucha del Magisterio Colombiano

Durante los últimos veinte años, los diferentes gobiernos que ha tenido el país, incluido el actual de Juan Manuel Santos, han avanzado en el desmonte progresivo del sistema público de educación. En el marco de estas políticas se presentó el intento de permitir el ánimo de lucro en la educación superior para mercantilizar por completo este sector no obstante este intento fue derrotado  por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE mediante la movilización y construcción de una propuesta alternativa de educación superior.  

La educación básica y media, así como la educación superior, también sufre las graves consecuencias de la privatización como la falta calidad, la restricción a la autonomía escolar, la disminución de libertades democráticas y el desmonte de los derechos laborales de los docentes, los esquemas anti democráticos y eficientistas de evaluación  Todas las anteriores consecuencias derivadas  de la   asimilación total  de las imposiciones de organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes en diferentes comunicados han sugerido la implementación de políticas de Alianzas Público-Privadas para la educación, la introducción del grado 12 y la articulación con la educación superior por ejemplo mediante la modalidad de ciclos propedéuticos, lo  que ataca la calidad ofrecida por las instituciones públicas. La privatización se presentado paulatinamente por medio de la aplicación de concesiones y convenios con privados, lo anterior producto del recorte a la educación, salud y saneamiento básico causado por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que firmó el entonces Ministro de Hacienda de Pastrana, y hoy presidente Juan Manuel Santos  y que le reduce a estos sectores cerca de 80 billones de pesos entre 2001 a 2016, profundizando la crisis que vive hoy la educación colombiana.

El Magisterio colombiano se ha visto afectado desde hace años por una serie de medidas que han menoscabado sus garantías laborales por las que tanto lucharon. La creación del nuevo estatuto docente mediante el decreto 1278 de 2002, es una clara muestra de esto, pues ataca la permanencia de los profesores  como empleados públicos por medio de la evaluación – sanción, limita la posibilidad de ascenso en el escalafón docente y excluye a los nuevos maestros de las garantías que antes gozaban con el estatuto anterior.

Como los anteriores gobiernos El del presidente Santos junto a la ministra de educación María Fernanda Campo, han querido desmantelar el régimen especial de salud de los maestros para unificarlo con la ya tristemente conocida ley 100 de 1993. De igual manera, busca la eliminación del régimen pensional de carácter especial del magisterio, un derecho por el que los maestros dieron una ardua lucha en el pasado. Este gobierno ha avanzado, como ningún otro lo había hecho, en el fomento de la contratación tercerizada de los profesores por medio de la aplicación de la Directiva 02 de 2012 que aumenta la carga laboral a los docentes.

Este conjunto de medidas, llevó al Magisterio Colombiano a presentar el pliego nacional de peticiones el pasado 20 de Marzo de 2013, pliego que hasta el momento no ha recibido una solución efectiva. En el último congreso de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, se definió que, de no llegar a ningún acuerdo, como se está presentando, los maestros optarían por el llamamiento a un paro nacional indefinido, que ya se están preparando y en el cual se enmarca la jornada nacional de movilización del martes 14 de marzo de 2013.

FECODE ha sido un aliado incondicional y ha respaldado desde sus inicios la lucha de la MANE. Con el gremio de los docentes compartimos los objetivos de luchar por una educación pública, financiada por el Estado, gratuita, de alta calidad, como derecho fundamental que contribuya al desarrollo del país.

Por todo esto, la MANE apoya la movilización convocada para este 14 de Mayo, en la que los  maestros y estudiantes de secundaria saldrán a respaldar el pliego nacional de peticiones y el paro nacional indefinido. Dado que el gobierno de Juan Manuel Santos sigue demostrando su regresividad y negligencia frente a las agendas sociales y públicas. A un año de la aprobación del TLC, sumado a la situación de nuestras universidades, colegios, hospitales, entre otros. El gobierno de Santos viene atentando contra la perspectiva de construir un país con soberanía, democracia y paz.

Invitamos a participar en esta movilización a todos los miembros de las Instituciones de Educación Superior y reafirmamos nuestro apoyo total a FECODE en su lucha por la transformación de la educación para así lograr una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz.

Voceros Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-

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CIRCULAR INFORMATIVA AJUSTE SALARIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

martes, 14 de mayo de 2013

CIRCULAR INFORMATIVA

De: Presidencia FENALPROU. 

Para: Organizaciones filiales.

 

 Apreciados compañeros: 

 

El sábado anterior, en el auditorio de FECODE se llevó a cabo un encuentro del sector ESTATAL, en el cual participamos, convocado por las centrales obreras, las Federaciones Nacionales de Trabajadores del Sector Público y la comisión que viene adelantando negociaciones con el gobierno nacional del Pliego Nacional Unificado 2013, presentado desde el pasado 7 de febrero, amparados en el decreto 1092 de 2012. 

En dicha reunión reiteramos nuestro respaldo al Pliego Nacional Unificado y la negociación que se adelanta, como lo habíamos informado desde el pasado 8 de Abril. En el primer punto del pliego se consigna la petición correspondiente al ajuste salarial para el presente año, en cuantía o proporción del IPC causado en año 2012 más 8 puntos porcentuales.

Dada nuestra condición de trabajadores de Carrera Administrativa Especial, nuestro régimen salarial y prestacional está consignado en el decreto 1279 de 2002 y las demás condiciones de trabajo están reguladas en los estatutos docentes y generales de cada una de las universidades. Taxativamente el decreto 1092 de 2012, establece la prerrogativa de presentar pliegos de solicitudes a las organizaciones de carácter sindical, en forma exclusiva. En ese sentido, nuestra Federación, por tener carácter civil, así como un buen número de las organizaciones filiales que tienen esta misma condición, hemos sido excluidas de la posibilidad de actuar en representación de nuestros afiliados, tanto a nivel nacional, como en las universidades en las cuales dicha situación se presenta, en los procesos de negociación.

Son tres los escenarios en los que se debería desarrollar este proceso. Dos de nivel nacional, como son el incremento salarial anual, cuya competencia es de la Presidencia de la República y el régimen salarial y prestacional, cuya competencia es del Ministerio de Educación Nacional. El otro es de nivel local y corresponde a cada una de las universidades en las cuales, mediante los estatutos docentes, se regulan ciertas materias de nuestras condiciones laborales, relacionadas con deberes y derechos en desarrollo de la autonomía universitaria.

 En muchas de las universidades fueron presentados pliegos de peticiones y se avanza en los procesos de negociación. Lamentablemente a nivel nacional el pliego presentado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –ASPU-, a nombre de todo el profesorado universitario del país, no fue admitido por el Ministerio de Educación, que en extensa y detallada comunicación explica los motivos para ello: la carencia de competencias para atender la multiplicidad de peticiones, puesto que el pliego se asemeja más a una propuesta de Acuerdo Marco Sectorial, que a un Pliego de Solicitudes excediendo los alcances definidos en los numerales 1 y 7 del decreto 1092 de 2012. Por dicha razón no hay un escenario en el cual se estén discutiendo, con el carácter de negociación colectiva, ninguno de los elementos del régimen salarial y prestacional vigente.

 

En materia del incremento salarial nuestra suerte está atada al proceso de negociación que se adelanta del pliego nacional unificado, proceso que avanza lentamente y en el cual se espera que en el día de hoy, el gobierno nacional presente alguna contrapropuesta a la petición formulada en el Pliego Nacional Unificado 2013, sin que de este proceso haya hecho parte ASPU, que decidió moverse al margen del resto de las organizaciones nacionales de trabajadores del sector público y centrar todo en la negociación fallida que propuso con el Ministerio de Educación Nacional.

La existencia de este proceso de negociación es lo que explica que hasta la fecha no se haya expedido el decreto presidencial que ordena el ajuste salarial del sector público, en nuestro caso el porcentaje de ajuste del valor del punto, por ser este objeto de la negociación en curso.

Como quiera que se ha presentado una actitud dilatoria por parte de los representantes del gobierno nacional en la mesa, el Encuentro Estatal aprobó algunas acciones de movilización en conjunto con los trabajadores del SENA y FECODE, que se preparan para hacer efectivos sendos paros nacionales indefinidos.

Las tareas aprobadas, a las cuales llamamos a vincular a nuestras organizaciones y bases profesorales, en cada región son las siguientes:

1.   Profundizar la articulación de los pliegos nacional, territorial y por sector, para hacer más efectiva la lucha social.

2.    Realizar reunión de juntas directivas de todos los sindicatos estatales, el miércoles 8 de mayo, a las 8:00 horas, en FECODE, con el fin de preparar la Jornada Nacional de Protesta Estatal, el 14 de mayo; se realizarán concentraciones en las oficinas del Ministerio de Trabajo en todo el país, en Bogotá se hará marcha.

3.     Solicitar al gobierno nacional, convoque el Comité Sectorial del Sector Público,

4.  Solicitar al gobierno nacional, acelerar las investigaciones y sanciones a los nominadores que no han dado respuesta a los pliegos de peticiones.

5.   Preparar, donde se amerite, quejas ante la OIT, contra el gobierno colombiano por incumplimiento de los Convenios 151 y 154.

6.     Apoyar el Paro Nacional de los empleados del SENA, que comienza el jueves 9 de mayo, por la exoneración del pago de los aportes patronales al Sena, ICBF, cajas de compensación familiar.

7.     Participar en la Jornada Mundial de Protesta, organizada por la ISP, en defensa de la negociación colectiva en el sector público, que se realizará en el marco de la Conferencia 102° de la OIT.

 

Estaremos informando oportunamente sobre el desarrollo de los acontecimientos y los convocamos a participar, en cada departamento, en las actividades de coordinación y movilización programadas por las filiales de FECODE y demás trabajadores del Estado.

 

 Atentamente,      

Gonzalo Arango Jiménez

Presidente.

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Renovación Urbana del CAN: el gran reto de la Universidad Nacional

domingo, 12 de mayo de 2013

Liliana Castañeda Morales

Estudiante Maestría en Urbanismo- Universidad Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes

Hoy 2 de mayo se llevó a cabo un debate organizado por la Universidad Nacional sobre la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional, CAN. El espacio de discusión contó con la participación de Andrés Escobar, gerente de la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas, Gerardo Ardila, Secretario de Planeación Distrital y profesor de la UN, Martha Triana, edil de la localidad de Teusaquillo, Rodrigo Cortés, Decano de la Facultad de Artes y Alonso Correa, representante docente. En la agenda oficial del evento no fue incluido un punto de expresión para el estamento estudiantil, que por fortuna supo interrumpir el orden del día y solicitar la palabra que le fue tácitamente negada en este debate. La intervención de Inti Mesías, representante de la sede Bogotá, y Cristian Hurtado, representante de pregrado ante el Consejo Académico, versó sobre dos puntos fundamentales para abordar la complejidad de la situación que ahora enfrenta la sede Bogotá, sin duda reflejo de la crisis de la educación pública colombiana, sobre los que es pertinente profundizar.

La interlocución de los gobiernos nacional y distrital con la UN en el marco del proyecto urbano más grande de la historia de Bogotá y seguramente del país tiene serios vicios de forma, pero también de fondo. De forma porque los debates y socializaciones sobre el contenido y opciones que tiene la Universidad, así como las negociaciones entre directivas y gobiernos distrital y nacional no se han dado de manera oportuna, pública ni de cara a la comunidad universitaria, a la ciudad o a la sociedad colombiana. A pesar de que ya han adelantado negociaciones con las autoridades competentes, el común denominador de los pronunciamientos de los dos últimos rectores es el pasmoso silencio guardado por la anterior administración y cuidadosamente sostenido por la actual al momento de pronunciarse sobre la amenaza directa a los predios del edificio Uriel Gutiérrez, la unidad Camilo Torres y el Hospital Santa Rosa, que hacen parte integral del campus de la sede Bogotá. Por otra parte, no ha habido mayor iniciativa de conectar este debate, que es del orden nacional, al grueso de la comunidad universitaria, que sigue informándose y participando del tema de manera paralela. Se hace evidente la monumental antidemocracia reinante en el centro de pensamiento más importante de Colombia. Es preocupante que el último pronunciamiento de las actuales rectoría y vicerrectoría de sede[1] descalifique a aquellos miembros de la comunidad universitaria que hemos hecho estudio y seguimiento juicioso del tema con el fin de emitir juicios informados. Son sus declaraciones y no las nuestras las que “desorientan y desinforman”.

Los problemas de fondo ofrecen un panorama más complejo. La renovación de este corredor de ubicación estratégica entre el aeropuerto internacional El Dorado y el centro histórico  de la ciudad tiene hasta ahora intención de privilegiar los intereses del mercado inmobiliario sobre la misma función social de las entidades afectadas, en un proyecto urbano al que se le garantizarían 900 mil metros cuadrados de superficie, para completar un millón 600 mil metros cuadrados de potencial urbanizable en una altura promedio de 13 pisos, según palabras del mismo Andrés Escobar. El área del proyecto concentra equipamientos del orden nacional y distrital que incluyen la Escuela Superior de Administración Púbica, ESAP, y la Universidad Nacional.

Lo realmente problemático del asunto es que de ese potencial, la Universidad aportaría el 15% de los predios bajo la figura de participación en un fideicomiso, en el mejor de los casos, o de la expropiación vía judicial o administrativa, si llega a ser necesario.[2] Escobar nos pone en la penosa situación de escoger entre “hacer la vaca”, como él mismo lo expresa, y empezar a saldar la crisis financiera de la Universidad con partes del campus, asumiendo la labor de saneamiento que corresponde única y exclusivamente al Estado; o ser expropiados recibiendo indemnizaciones pírricas por el despojo de los predios con mayor potencial de valorización y de extracción de plusvalías de la ciudad entera.

Edificabilidad permitida propuesta por Modificación POT. Fuente: SDP 2013.

La única talanquera normativa que encuentra este lesivo proyecto de Asociación Público-Privada es la normatividad vigente del POT, que limita el uso del suelo y la edificabilidad permitida en toda el área el proyecto. En ese sentido el gobierno de Gustavo Petro se encuentra completamente alineado con las directrices de Juan Manuel Santos, y como producto de esa negociación de tipo político se incluye  en la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial la transformación del uso del suelo de dotacional a área económica intensiva, liberando a su vez la normativa de edificabilidad de los actuales 10 pisos a 21 pisos para oficinas o 27 para vivienda. La flexibilización de las normas de usos y edificabilidad[3] del suelo en esta zona de gran peso histórico, simbólico e institucional de la ciudad pone en peligro la elemental idea de que los terrenos de las instituciones educativas son para desarrollo de sus fines misionales y no para construir hoteles entre las facultades, como citó muy animadamente el señor Secretario de Planeación Distrital. A él  habría que preguntarle por qué el gobierno distrital insiste en no expedir desarrollos normativos que hagan justicia a la particularidad y la envergadura del proyecto, dejando el área a merced de los apetitos de la especulación inmobiliaria. El área del proyecto tiene un potencial económico incomparable con el del resto de la ciudad, y dado que es una oportunidad de desarrollo urbano única, a esta administración corresponde asegurarse de que la ciudad obtenga plusvalías proporcionales.

Usos del suelo propuestos por Modificación POT. Fuente: SDP 2013.

La Universidad Nacional de Colombia atraviesa la crisis más profunda de toda su historia por cuenta  de las políticas de progresivo ahogo financiero implementadas con la Ley 30 de 1992, siempre acompañadas del desdén de los gobiernos de antes y de ahora por el futuro del sector educativo, motor fundamental del desarrollo nacional. Es el mismo contexto de crisis que explica los graves problemas de infraestructura que sufre con mayor intensidad la sede Bogotá, y a los que los gobiernos distrital y nacional responden con “vacas” y “hoteles” en lugar de ofrecer soluciones financieras sostenibles, que permitan asegurar una educación nacional, científica y democrática para las y los colombianos. Hoy fue radicado el borrador de modificación al POT en el Concejo de Bogotá, y a partir de ahora el cabildo tiene 90 días para discutirlo y votarlo. Nuestra lucha en defensa de la educación pública ha de intensificarse aun más en estos 90 días para hacer valer con la fuerza de los argumentos y la movilización esa consigna que circula por todos los salones y corredor del campus de la Universidad.: ¡Ni se toca ni se vende. La UN se defiende!

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[1] Comunicado del rector de la Universidad Nacional de Colombia y el vicerrector de la sede Bogotá. Abril 29 de 2013.

[2] El artículo 61 de la Ley 1537 de 2012 da facultades a la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas para enajenar o expropiar predios involucrados en procesos de renovación urbana constituidos como “obras motivo de utilidad pública”

[3] La edificabilidad es resultante cuando es producto de la correcta aplicación de los índices de ocupación y de construcción; lo que significa que se liberan las alturas permitidas al proyecto, sin tener en cuenta los impactos al paisaje o la estructura ecológica principal de la ciudad.

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